La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a autónomos y personas físicas cancelar total o parcialmente sus deudas para superar una situación de imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas y a la vez, trata de proteger los derechos de crédito de los acreedores.

Pese a que la mayoría cree que esta ley es solo para empresas, las personas físicas pueden solicitar concurso de acreedores si consideran que no son solventes para afrontar sus deudas, pero hasta hace poco se quedaban fuera las deudas de hipotecas. La novedad legal es que ahora se permite la posibilidad de incluir la hipoteca en el concurso, aunque deben cumplirse determinadas condiciones.