LA LEY 18/2022, DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS, tiene como objeto impulsar la creación la creación de nuevas empresas y reducir las trabas a las que se enfrentan en su crecimiento. Además, pretende contribuir al incremento de la competencia en beneficio de los consumidores, así como reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a más y mejores medios de financiación.

Entre las distintas novedades reguladas en la Ley Crea y Crece, podemos destacar:

  • Con respecto a la facturación, se generaliza el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales como medida de digitalización empresarial, así como mecanismo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
  • La norma amplía el listado de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
  • Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores.
  • Se establece la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros que exige la ley actualmente.
  • Se introducen reformas específicas para facilitar la constitución de empresas de forma rápida, ágil y telemática, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE).
  • En cuanto a la lucha contra la morosidad comercial en las operaciones comerciales, la norma incluye:
  • La obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.
  • Extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará un mayor control de pagos. 
  • Establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
  • Prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y publicación de un listado anual de empresas morosas.
  • Se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa con el fin de potenciar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial. Es el caso del ‘crowdfunding’, la inversión colectiva y el capital riesgo.